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Caen tres por comercio ilícito de aves

Un gran jurado federal acusó a tres hombres de conspiración para participar en el comercio ilícito con la venta, oferta de venta y trueque de aves migratorias (Ley del Tratado de Aves Migratorias), así como de tráfico de vida silvestre (Ley Lacey).

Así lo anunció Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, quien informó que los acusados ​​fueron arrestados el miércoles pasado por agentes del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Carlos David Flores Ríos enfrenta un cargo de conspiración, cinco por vender, ofrecer para vender y canjear aves migratorias, específicamente búhos de oreja corta (Asio flammeus) y un cargo por tráfico de vida silvestre.

Mientras, Edgardo Marín Candelaria enfrenta un cargo de conspiración y otro por tráfico de vida silvestre.

Marín Candelaria vendió dos búhos sabiendo que las especies habían sido capturadas en violación de la Ley de Aves Migratorias.

En tanto, Misael Cruz Rivera enfrenta un cargo por vender, ofrecer vender e intercambiar aves migratorias, específicamente un cernícalo americano (Falco sparverius).

Según la acusación, el propósito de la conspiración era que los imputados se enriquecieran ilegalmente mediante el tráfico, captura, venta y trueque de aves migratorias.

Los acusados ​​y coconspiradores capturaron y poseyeron aves migratorias, las retenían ilegalmente en viviendas temporales y ofrecían las aves en venta a grupos de chat privados en internet. “El tráfico ilegal de aves migratorias representa una seria amenaza para nuestros ecosistemas”, dijo el fiscal Muldrow.

Amenaza para la flora y fauna

Sobre el caso, el secretario del DRNA, Rafael Machargo, comentó que “los vendedores y posibles compradores de estos animales saben que las autoridades federales —junto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)— realiza investigaciones sobre la posesión y venta de estas especies. Es ilegal, representan una amenaza para la flora y fauna de Puerto Rico y lo que es más preocupante, incluso podrían representar un peligro para la vida de las personas. Exhortamos a la ciudadanía a no patrocinar estos negocios ilícitos, ya sea poseyéndolos o comprándolos”.

Si los imputados son declarados culpables, ​​podrían enfrentar una pena máxima de prisión de cinco años y una multa máxima de $250,000 por la conspiración para participar en el comercio ilícito de aves migratorias y por cada cargo de la Ley Lacey, y hasta dos años de prisión y una multa máxima de hasta $250,000 por cada cargo de la Ley de Aves Migratorias. La fiscal federal adjunta Carmen M. Márquez Marín está a cargo del procesamiento del caso.